While arranging tents for tourists in Tayrona Park, Javier recalls how commotion was growing around the announcement of the construction of a seven-star hotel on the park’s beaches. “The park is for the people, but what good is that if the land is in the hands of Santa Marta’s elite!” Yet, even though the project was put on hold when the government announced it would “clean up” the park properties, he was still outraged. “So what did they do? What they always do. They evicted the few farmers that worked on or had small plots in the park. People were left without land, without work, even without water!” His diatribe concluded with the “state’s incapacity” to control the citywide blockade carried out by the Urabeño paramilitaries in retaliation for the death of one of their commanders. The city was completely silenced. “There were no buses, the market was closed, and not a single business in town was open.” Changing his coastal accent to a Bogotano tone, he mimicked President Santos: “We will not allow this!” Returning to his own voice, he concluded: “And in the end what could the President do? Well, nothing!”

Javier evokes the ordinary violence experienced in the Colombian Caribbean coast: a violence that weaves itself into the fabric of everyday life (Das 2007; Jimeno et al. 1998; Uribe Alarcón 2004); in which banana and palm plantations have access to better water than people; in which farmers are criminalized while the regional elite remains untouchable; and where paramilitary dominance hides amid an unstable and fragile calm ready to collapse. Javier asks: “I believe in peace, but what will this peace process bring us?” His thoughts regarding the peace process, like those of many other local inhabitants, demonstrate the partial connection between longing for peace and longing for the state. It is no coincidence that what is at stake in Javier’s diatribe are state practices, such as the access to resources and property, the classification of citizens (legal vs. illegal, good citizens vs. criminals), and the monopoly of violence (for ethnographies of the state, see Bolívar R. et al. 2006; González et al. 2003; Ramírez 2001; Trouillot 2001).

The current peace process is a process “without guarantees,” in the words of Stuart Hall (1986, 43), in which the lived experiences of people define the parameters and “concrete conditions of existence” in which those processes unfold. Because violence is not an interruption of ordinary life, but is created and experienced on a daily basis, any peace accord will face the challenge to reconfigure day-to-day local dynamics of power. Even though people like Javier have few expectations, the peace accord represents a glimmer of hope. As Javier explains, “No dialogue is going to change the landowners or the labor models, but hopefully something will happen.” Hopes mainly relate to agricultural and infrastructural assistance while, paradoxically, the certainty of corruption and political maneuvering is thought of as inescapable.

Javier equally longs for a long-lasting peace that, as many other neighbors also believe, is only possible by virtue of the strong fist of a “big man” or a “political hero.” The disparity of longings evidences the challenges that the current peace process faces. Javier himself, who saw his brother die at the hands of the local paramilitary chief Hernán Giraldo and hopes never to relive such horror, longs for one thing: “order”—the kind of order with which Giraldo was able to keep roads in good working condition and local community councils in operation. Many people’s wish for a “firm-handed” leader demonstrates the highly personified idea of political power in the region. It is no coincidence that, for many, Álvaro Uribe is often compared to Giraldo. Paradoxically, this longing for order emerges precisely from the violence of everyday life.

The partial end of the conflict through a peace process is at least the hope of a new foundational myth, in the words of García Villegas (2014), that would perhaps help conquer—or at least learn from—the horrors of war (Wills O. 2012). Moreover, longing for peace is a heartfelt commitment stemming from the experiences of violence of millions of Colombians, and a whirlwind of sometimes disturbing hopes and affects for what is longed for from the state.

Una Paz Ordinaria en un Paisaje Dispar de Añoranzas

En octubre de 2011, Javier recuerda haber limpiado su parcela de cacao en la mañana y estar acomodando carpas para los turistas en la playa del Parque Tayrona, cuando escuchó el escándalo que suscitó el anuncio del proyecto de construcción de un hotel siete estrellas en las playas del parque. “El parque es para la gente, pero, ¡valiente gracia si las tierras están en manos de la élite de Santa Marta!” se lamenta Javier. Como él mismo explica con indignación, el proyecto se frenó cuando el gobierno anunció que iba a “sanear” las propiedades del parque: “¿Qué hicieron? Pues lo de siempre, desalojar a los pocos campesinos que trabajan o tienen pequeñas parcelas en el parque, ¡y la gente sin tierra, sin trabajo y hasta sin agua!” Para completar su diatriba, Javier recuerda cómo en enero de ese mismo año el gobierno no pudo evitar el paro que los paramilitares urabeños impusieron tras la muerte de uno de sus comandantes, cuando paralizaron la ciudad por completo: “No habían buses, el mercado estaba cerrado y ningún negocio en la ciudad estaba abierto”. Cambiando su acento costeño por el muy “rolo”¹ de Santos, Javier recordó las palabras del presidente: “Eso no lo vamos a permitir”. Recuperando su propio tono de voz, agregó: “En últimas, ¿qué pudo hacer el presidente? ¡Pues nada!”

Lo que Javier narra es la violencia ordinaria en el Caribe colombiano: una violencia que está tejida en el tapiz del día a día (Das 2010; Jimeno et al. 1998; Uribe Alarcón 2004); una violencia en la que las plantaciones de banano y de palma tienen mejor agua que la gente, en la que se criminaliza a los campesinos mientras las élites regionales son intocables, y en la que el dominio paramilitar se esconde en una calma frágil e inestable lista a estallar en cualquier momento. “Yo creo en la paz, pero ¿qué nos traerá ese proceso de paz a nosotros?” se pregunta Javier. Sus reflexiones y las de muchos otros pobladores locales frente a este proceso reflejan sentimientos ambiguos que oscilan entre la fe y el escepticismo, y que muestran la conexión parcial entre lo que se añora de la paz y del estado. No es coincidencia que lo que está en juego en la diatriba de Javier sean prácticas estatales tales como la definición del acceso a los recursos y a la propiedad, la clasificación de ciudadanos (legales/ilegales, ciudadanos de bien/criminales), y el monopolio de la violencia (ver etnografías del estado: Bolívar R. et al. 2006; González et al. 2003; Ramírez 2001; Trouillot 2001).

El proceso de paz actual es un proceso sin garantías, utilizando las palabras de Stuart Hall (1986, 43), en el cual los acuerdos tienen una vida local propia mediada por las ambigüedades y contradicciones de las expectativas y experiencias de los pobladores, y más ampliamente por las “condiciones concretas de su existencia”. Así como la violencia no es una interrupción de la vida ordinaria, sino que es creada y vivida en el día a día, la paz debe ser una paz ordinaria que logre reconfigurar las dinámicas locales del poder. Sin embargo, las expectativas son escasas. Como explica Javier: “Ningún diálogo va a cambiar aquí quienes son dueños de las tierras ni los modelos de trabajo pero ojalá pase algo”. Ese “algo” que se espera son básicamente asistencias agrícolas e infraestructura, pero paradójicamente la certeza de la corrupción y de la politiquería son condiciones que se piensan como inmutables.

Más aún, dicha falta de garantías en el proceso de paz se asocia en gran parte por la disparidad de añoranzas del estado, muchas de las cuales están lejos de ser emancipadoras y de revertir las articulaciones de los poderes locales. El mismo Javier, quien vio morir a su hermano en las manos de los hombres del paramilitar Hernán Giraldo, y quien espera nunca volver a vivir el terror que éste causó, añora una cosa: “el orden” —un orden con el que Giraldo lograba mantener las carreteras en buen estado y las juntas de acción comunal funcionando—. El deseo de muchos por la “mano dura” de un dirigente muestra la idea altamente personificada del poder político en la región. No es coincidencia que para muchos la figura de Álvaro Uribe se compare con la de Giraldo. Esta añoranza por el “orden” surge precisamente de la violencia ordinaria del día a día.

En un proceso de paz la clausura parcial del conflicto o por lo menos la esperanza de un nuevo mito fundacional, utilizando las palabras de García Villegas (2014), ayudaría quizá, a vencer —o por lo menos a aprender de— los horrores de la guerra (Wills O. 2012). En suma, la añoranza de la paz es un compromiso sentido con las experiencias de violencia de millones de colombianos y un torbellino de esperanzas y afectos, muchas veces perturbadores, de lo que se anhela del estado.