(English translation below)

A inicios de junio de 2023, la ex ministra de Minas y Energía, Irene Vélez visitó La Jagua de Ibirico, municipio que hace parte del llamado Corredor de la Vida (anteriormente conocido como el Corredor Minero) inaugurando el proyecto de paneles solares que permitirían a escuelas y el hospital tener luz eléctrica. La ministra fue increpada por un ciudadano que le reclamó por “la poca ambición” que tiene el gobierno para atender las necesidades energéticas, el desempleo y la pobreza del departamento del Cesar. Su reclamo se daba ante “la falta de proyectos individuales de energía fotovoltaica para familias de escasos recursos”. La ministra miró al hombre atentamente, y luego tomó el micrófono. “Tú dices que el gobierno no es suficientemente ambicioso, pero tienes que ver la totalidad de la política de transición energética” comentó. Tal vez ese es el problema, hablábamos en una cafetería al lado de la tarima con un líder social de la zona rural de la Jagua: que no es clara la totalidad de la política de transición, ni cuáles serán las implicaciones para los habitantes del Cesar o del Caribe colombiano. Lo que sí ha sido claro para activistas, y líderes sociales del centro y norte del departamento es que “El Cesar no puede seguir siendo una zona de sacrificio” (De la Hoz, 2023).

El Plan de Gobierno (2022-2026) de Petro-Márquez anunció el apoyo a proyectos como la prohibición de fracking, así como el impedimento a entregas de nuevos títulos de carbón y petróleo a empresas extranjeras, lo que levantó una ola de opiniones en contra por parte de la derecha colombiana. Este gobierno ha planteado una Transición Energética Justa (TEJ de ahora en adelante). Este es un proceso en el que serán priorizadas fuentes de energía solar y eólica que permita la transición gradual de la matriz energética como plan en la lucha contra el Cambio Climático, y en las que se tendrán en cuenta a comunidades rurales y urbanas para la ejecución de proyectos. La TEJ incluiría el impulso de pequeñas y medianas cooperativas de energía; regímenes de propiedad mixta de energía eólica con comunidades wayuú, y la inclusión de trabajadores del carbón en el proceso de cambio de matriz energética. De ahí que, a inicios de julio de 2023, el presidente decidiera gobernar desde La Guajira, territorio afectado por la minería de carbón a gran escala, y uno de los puntos clave de proyectos de energía eólica ubicados y proyectados en territorios indígenas.

El gobierno reconoce que Colombia no solo hará parte de la TEJ a partir de proyectos eléctricos más limpios en el país, sino que zonas como el Putumayo o el Cesar tienen potencial de explotación de elementos estratégicos como el cobre y el níquel. En una forma que recuerda a los gobiernos progresistas de Ecuador y Bolivia, Petro- Márquez, plantean una agenda que le apunta, en el papel, a un futuro sin extractivismo, pero que necesita de éste momentáneamente para reducir la pobreza y mejorar el futuro de la población a través de las rentas generadas por la extracción de recursos.

Colombia, “Potencia Mundial de la Vida” como lo indica el eslogan de gobierno, propone que en lugares como el Cesar se prioricen proyectos de soberanía alimentaria, y políticas que hagan más eficiente la competitividad del campo colombiano a través de la asociatividad y el cooperativismo entre pequeños,medianos y grandes empresarios. Para quienes defienden el territorio de manera activa en territorios como La Jagua de Ibirico, Valledupar o El Paso (Cesar), la posibilidad de acabar con las actividades extractivas a gran escala (como el carbón y la palma africana^[1]), y evitar que se expanda la frontera extractiva con proyectos como los Yacimientos No Convencionales de Gas, por ejemplo, es clave para el proceso de reparación que vive el país, y para garantizar una TEJ.

Durante la campaña presidencial, y después de su posesión, Petro-Márquez se comprometieron a poner en primer plano la lucha contra el Cambio Climático, y la transición energética en el país. El gobierno de Iván Duque ya posicionaba a Colombia como la pionera en América Latina a nivel internacional con, por ejemplo, la inversión de más de 785 millones de dólares en paneles solares y energía eólica. Duque logró sacar la primera ley de transición energética en Colombia, que produjo molestias entre sectores ambientalistas por su enfoque corporativista, y por promover la extracción de hidrógeno verde como bandera de la transición energética. La ley recibió críticas por no trazar una ruta clara que garantice una TEJ con comunidades afectadas por actividades de extracción de carbón a gran escala como es el caso del Centro del Cesar. Con la llegada del “Gobierno del Cambio” las expectativas de los ambientalistas y trabajadores es grande, especialmente ahora que se está construyendo la primera hoja de ruta para la Transición Energética Justa.

El primer gobierno que habla de justicia ambiental y racial enfrenta el reto de cumplir con una agenda que de no repetición y reparación de los daños del extractivismo de carbón a comunidades indígenas, campesinas y negras como las del Cesar. Mientras tanto tiene que afrontar la presión de organismos internacionales que buscan acelerar la extracción de recursos naturales para la transición energética. El gobierno sostiene que la transición tiene que ser gradual, pensando que Colombia es uno de los grandes productores de carbón térmico en América Latina. La cuestión es si la transición no se refiere al cambio, sino a la adición en la matriz energética y en los procesos extractivos en el país (Corral Montoya, 2021). Como la anécdota de la ex-ministra Vélez en la Jagua de Ibirico muestra, otro reto grande de este gobierno es no limitar el discurso y las políticas de la TEJ a proyectos de expansión de tecnologías de electrificación como los paneles solares o los parques eólicos. La energía, como lo indica Rátiva-Gaona (2021) es la fuerza que permite la reproducción de la vida. En ese sentido, debe haber una conexión entre la socialización de procesos de democratización y eficiencia eléctrica, con proyectos que garanticen la soberanía alimentaria de los hogares colombianos.

La situación para el gobierno no está nada fácil, pero estamos ante un panorama interesante de accountability por parte de las bases políticas que eligieron a Petro-Márquez pensando en la posibilidad de un futuro diferente. Uno que no reproduzca las desigualdades propias de un modelo económico que ha llevado a la profundización de la pobreza, que tiene el planeta en una crisis climática, y sobre la que organizaciones en lugares como Cesar están intentando alarmarnos.

**Estoy muy agradecida con Camila de la Hoz y Alexander Liebman por sus comentarios. Gracias a Martha Forero y a José Gregorio Rodríguez (Asoperijá), Luz Yaruro y Julián Buitrago por su apoyo. Gracias a la Coalición Caribe, y al Movimiento Cesar sin Fracking y sin Gas por los espacios que me abrieron en 2022. Agradezco a Nicolás Restrepo por su colaboración en la edición de este texto. Mi investigación en Cesar, (Colombia) entre 2022 y 2023 fue financiada por el Rutgers Research Council y el Center for Latin American Studies.

Notas

[1] Ver referencias

The Petro-Márquez Government, and Its Challenges toward a Just Energy Transition

In June 2023, the former Minister of Mines and Energy, Irene Vélez, visited La Jagua de Ibirico, a municipality in the "Corridor of Life" (previously known as the Mining Corridor). Vélez inaugurated a solar energy project for hospitals and schools as part of the current government's Just Energy Transition policy. The minister was scolded by a citizen who complained about "the lack of ambition" of the Petro-Márquez’s government when it came to addressing issues such as electricity access, unemployment and poverty in the department of Cesar. The citizen’s claim highlighted “the absence of individual photovoltaic energy^[1] projects for low-income families.” The minister glanced at the man, smiled and then proceeded to take the microphone: “While you express concerns about the government’s lack of ambition” she commented, “it is important for people to consider the Energy Transition policy as a whole.” While this occurred, a social leader from the rural area of La Jagua and I conversed in a cafeteria next to the stage. Following the minister’s departure, we discussed the possibility that the man’s concern lies precisely in the lack of clarity surrounding the entire Energy Transition policy and its consequences for the inhabitants of Cesar. Activists and social leaders from the center and north of the department are waiting expectantly for the policy to come. Nevertheless, they firmly assert that "Cesar cannot continue to be treated as a sacrificial zone” (de la Hoz 2023).

The Petro-Márquez Government Plan (2022–2026) endorses initiatives like the prohibition of fracking and the restriction on granting new coal and oil permits to foreign companies, which sparked a wave of opposition from the Colombian Right. This government has proposed a Just Energy Transition (JET) that prioritizes solar and wind energy sources. This transition aims to gradually shift the energy matrix and combat climate change. It considers both rural and urban communities as central for implementing projects. The JET would encompass small and medium energy cooperatives, establishing mixed ownership arrangements for wind energy involving Wayuú communities, and ensuring the inclusion of coal workers in the energy matrix transition process. A clear indication of this involvement is that, at the beginning of July 2023, the President decided to govern from La Guajira, a territory affected by large-scale coal mining, and one of the key points of wind energy projects located and conceived in Indigenous territories.

The government acknowledges that Colombia’s participation in the JET goes beyond cleaner energy infrastructures. They recognize the potential of regions like Putumayo and Cesar to harness strategic materials like copper and nickel. Echoing policies of countries like Ecuador and Bolivia, Petro-Márquez propose an agenda that envisions, on paper, a future without extractivism. However, much like their neighbors, they acknowledge that they must rely on it in the middle-term to alleviate poverty and improve the population’s well-being through income generated from resource extraction.

Colombia, “World Power of Life” as the government’s slogan says, emphasizes the prioritization of food sovereignty projects in places like Cesar. Additionally, they advocate for policies that enhance the competitiveness of the Colombian countryside through associations and cooperatives between small, medium and large businesses. For those defending their territories in municipalities such as La Jagua de Ibirico, Valledupar or El Paso (Cesar), ending large-scale extractive activities, like coal and oil palm, ^[2] is crucial for ongoing reparations in the country and to ensure a Just Energy Transition. Equally as important is the prevention of the expansion of the extractive frontier (including projects such as the Unconventional Gas Fields).

During the presidential campaign, and following their inauguration, Petro-Márquez promised to prioritize the fight against climate change and to enhance the JET in the country. Prior to this, the government of Iván Duque had already positioned Colombia as a Latin American pioneer, investing over 785 million dollars in solar panels and wind energy. Duque introduced the first Energy Transition Law in Colombia, which sparked concerns among environmental sectors due to its corporatist approach and the promotion of green hydrogen and gas extraction as a centerpiece of the energy transition. The law faced criticism for its failure to establish a clear path ensuring a JET for and with communities affected by large-scale coal extraction activities, such as municipalities like La Jagua. With the advent of the “government of change” both environmentalists and workers have high expectations, particularly as the initial roadmap for the JET is being developed.

The first government that advocates for environmental and racial justice faces the challenge of complying with an agenda of non-repetition and reparations caused by the damages of coal extractivism to people (Indigenous, peasant and Black communities) a well as nature. Simultaneously, it must contend with pressure from international organizations seeking to accelerate the extraction of natural resources for the energy transition. The government maintains that the transition must be gradual, considering Colombia’s significant role as one of the largest producers of thermal coal in Latin America. The question arises as to whether the transition implies true change, or simply an addition to the energy matrix and extractive processes in the country (Corral Montoya, 2021) As exemplified by former Minister Vélez’s anecdote in La Jagua de Ibirico, another major challenge for this government is to expand the discourse and policies of the JET beyond projects focused solely on the expansion of electrification technologies, such as solar panels or wind farms. Energy, as emphasized by Rátiva-Gaona (2021) is the driving force behind life’s reproduction and therefore there must be a connection between the democratization processes and electrical efficiency, along with projects that ensure the food sovereignty of Colombian households.

While none of this will be an easy ride for the government, the current situation offers an interesting landscape of accountability for the political bases that elected Petro-Márquez. These people who voted thinking of the possibility of a different future, one that avoids reproducing the inequalities of an economic model that intensifies poverty and contributes to the climate crisis, as well as one whose dangers that have been repeatedly highlighted by organizations in places like Cesar.

Acknowledgments

I am deeply thankful to Camila de la Hoz and Alexander Liebman for their comments, Martha Forero, and José Gregorio Rodríguez (Asoperijá), Luz Yaruro, and Julián Buitrago for their support. Thanks to the Coalición Caribe and the Movimiento Cesar sin Fracking y sin Gas for the spaces they opened for me in 2022. Thanks to Nicolás Restrepo for his help in editing this text. My research was funded by the Rutgers Research Council and the Center for Latin American Studies.

Notes

^[1] He was referring to the panels cells made of semiconductor materials such as silicon, glass, copper that turn the sunlight into electric energy.

^[2] See the references.