La dura lucha de los indígenas awá por ser reconocidos como víctimas colectivas del conflicto armado ha logrado abrir un estrecho sendero entre la maraña del multiculturalismo, por el que no parecieran caber todos ellos. El proceso de reparación que han iniciado con las instituciones del Estado ha evidenciado la confusión entre la lógica de la memoria histórica y la de la reparación material, debido a la generalización de la metodología del “caso emblemático.” Éste, aplicado a las reparaciones materiales, pone en contradicción al sujeto colectivo de derechos con la categoría de víctima, generando tensiones internas que pueden afectar la reconstrucción del tejido social de dicho pueblo durante el posconflicto.

Localizado en los departamentos de Putumayo y Nariño—actual fortín del repliegue estratégico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)—el awá es uno de los pueblos indígenas más gravemente afectados por el conflicto armado en Colombia. Su cotidianidad está marcada por combates, desplazamientos forzados, masacres, asesinatos selectivos y campos minados. A pesar de las circunstancias, son notables los logros jurídicos y políticos que han conseguido, junto a los demás pueblos indígenas y afrocolombianos, frente a las políticas públicas de reparación. Ahora cuentan con mecanismos de participación en las políticas del Estado para la atención a víctimas fundadas en el reconocimiento de la diversidad cultural y la protección del sujeto colectivo de derechos. Sin embargo, éstas son sistemáticamente excluyentes. No sólo porque a los grupos étnicos se les reconozcan afectaciones territoriales que son negadas a las comunidades campesinas, o porque reproduzcan diferencias racializadas entre indígenas y afros. Más aún, porque priorizan casos que por su dimensión o crueldad pueden ser significativos para la memoria social del conflicto, pero no compensan la multiplicidad de experiencias de violencia vividas, generando un sentimiento de exclusión tanto de la reparación como de la construcción de la memoria colectiva del pueblo.

No ha sido diferente para los awá. El “caso emblemático” escogido para iniciar su reparación fue la masacre y desplazamiento de seis resguardos de la zona de Tortugaña-Telembí, de Nariño, perpetrados por las FARC en 2009. Esta decisión generó confusión en los representantes de un pueblo cuyo territorio está compuesto por casi cincuenta resguardos y unas treinta y ocho mil personas, todas las cuales se sienten víctimas. Durante la reunión en la que fue comunicada esa decisión, Vicente, líder awá del Putumayo, tomó la palabra

Nosotros estamos de observadores de la oferta institucional para la atención de la comunidad de Tortugaña-Telembí, que por un acto de violencia se hace visible. Pero nosotros también sufrimos. En el 2002 a un gobernador lo decapitaron por oponerse a que su territorio lo transitaran los subversivos, y a otro lo desaparecieron porque pasó frente a las autodefensas. ¡Esos también son casos emblemáticos! Pero, ¿quién nos va a responder a nosotros?

La metodología del “caso emblemático” es utilizada por diferentes instituciones colombianas para focalizar procesos de reparación. La popularizó el Centro Nacional de Memoria Histórica para visibilizar un tipo específico de violencia por medio de un acontecimiento representativo que le permitiera generar un consenso entre memorias polarizadas en un contexto de conflicto armado activo. Aunque ha motivado una valiosa producción narrativa sobre el conflicto, trasladarlo al ámbito de la reparación es sumamente problemático.

Ello es así porque la memoria emblemática y la reparación material obedecen a lógicas diferentes. La memoria sobre la violencia en una comunidad awá específica puede representar a todos los que se autoidentifiquen como awá, pero no es posible condensar múltiples reparaciones materiales en una única reparación: mientras la memoria emblemática es un proceso metonímico, no se puede reparar a una parte de la población por todos. Tal tensión desembocaría en que en lugar de primar el consenso, objetivo del caso emblemático, primaría la exclusión y, por tanto, el disenso dentro de la comunidad. Incluso la noción de sujeto colectivo, que debería permitir establecer un vínculo entre la multiplicidad de victimizaciones, se fractura en el requerimiento estatal de focalizar las acciones de reparación, porque no existe claridad acerca de si son las víctimas étnicas de un evento específico, las de una condición histórica de desigualdad, o todos los que se identifican como indígenas. La salida pragmática del Estado—con sus tonos perversos—apelando al enfoque diferencial étnico, ha sido trasladar a las mismas comunidades la decisión de establecer quiénes son sus propias víctimas. En pocas palabras, que ellos decidan quienes quedan por fuera.

Al final muchos awá se sienten “observadores” de esa lógica de lo emblemático que los excluye de los procesos de reparación. Porque, ¿qué sufrimiento no es emblemático para quien lo experimenta?