“Si nos mataron callados ahora que nos maten hablando,” exclamó ante la televisión colombiana Lisinia cuando se enteró de que un jefe “paramilitar” la había señalado como la mujer indígena que contaba por doquier que en el 2001 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)¹ habían matado a cerca de medio centenar de civiles en una remota región del suroccidente colombiano (alto río Naya). Ante la cámara, Lisinia pregunta, insistente: “¿Cómo sucedió?, ¿por qué?, ¿por qué mi esposo?, ¿quién lo ordenó?, ¿quién lo financió?”

Hablar y demandar justicia llevó a los indígenas de este caso a acciones de participación ciudadana, a dejar atrás el papel de víctima pasiva para dar paso a la participación política. Pero también abrió la posibilidad de un ataque por los victimarios, aún con poder en la sociedad. En muchas regiones del país subsisten grupos armados que estuvieron ligados a las AUC, y tanto ellos como algunos de sus instigadores e ideólogos civiles conservan redes de apoyo e influencia en la vida local y nacional. Esto puede echar por tierra las aspiraciones de justicia y de reparación de las víctimas y socavar la instauración de los acuerdos de paz, pues ya han asesinado a un número importante de reclamantes y activistas. En esa tensión se mueve el proceso actual de búsqueda de acuerdos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)² y el posconflicto.

Ya hay una avalancha de miles de víctimas del conflicto interno animadas a testimoniar a partir de la entrega de armas de los paramilitares entre el 2004 y el 2005, regida por la Ley de Justicia y Paz (2005). Las cifras oficiales de la Unidad de Víctimas hablan de cinco millones y medio entre muertos y desplazados desde 1984.

Preguntar y contar han sido los medios para que Lisinia recobrara el habla perdida, venciera el miedo que la encerró durante varios meses en el pueblo al que huyó con sus tres hijos, y se animara a respaldar la creación de una organización que busca verdad, justicia y reparación. Tres palabras que suenan a consigna hasta que uno presencia la situación de los pobladores rurales que han sufrido el acoso de guerrillas y paramilitares en el ciclo de violencia entre 1984 y 2014. Hasta que uno ve los rostros de mujeres, adultos o jóvenes, indígenas, afro o campesinos, contenidos por la posibilidad de que se repita la violencia. En ellos es evidente que la acción de violencia afecta a los cuerpos tanto como a la personalidad, la identidad y el sentido de sí mismo (Nordstrom 2002). En esas comunidades donde el agua es un lujo y sólo el celular vence los obstáculos de los caminos intransitables, todavía hoy hombres en armas instalan “cocinas” de producción del alcaloide de la coca, ignorados por las autoridades locales.

Por esto el testimonio de las víctimas y su poder de cimentar nuevas reglas de convivencia (Mate 2008) dependen de que se cumplan algunas condiciones. En primer lugar, que se proteja a quienes se atreven a compartir el dolor infligido y a demandar justicia. En segundo lugar, que se escuche al espectro de dolientes sin privilegios ni censuras, de manera que no se dé pie para que quienes se sientan excluidos recurran de nuevo a las vías de hecho. Y, finalmente, que el atractivo mercado ilegal de cocaína no recicle a muchos combatientes.

La movilización política de las víctimas en Colombia es una acción de afirmación de ciudadanía que pasa por la recomposición emocional de los sujetos y por la transformación de los lazos emocionales de empatía e identificación en acciones políticas (Jimeno 2010). La categoría de víctima que testimonia tiende el puente entre lo meramente subjetivo, personal, y lo público, compartido. Se trata de crear comunidades emocionales en las cuales el dolor compartido trasciende la indignación y alimenta la organización y la movilización (Jimeno 2010).

La teoría social debe trabajar conceptualmente el entendimiento de que las personas no sólo expresan sus emociones dolorosas como uno de los medios para lidiar con ellas, sino que compartirlas es fuente de solidaridad y justicia y, como crítica social, es afirmación de civilidad.

Referencias

Jimeno, Myriam. 2010. “Emoções e Política: A Vítima e a Construção de Comunidades Emocionais.” Mana: Estudos de Antropologia Social 16, no. 1: 99–121.

Nordstrom, Carolyn. 2002. “Terror Warfare and the Medicine of Peace.” In Violence: A Reader, edited by Catherine Besteman, 273–96. New York: New York University Press.

Mate, Reyes. 2008. Justicia de las Víctimas: Terrorismo, Memoria, Reconciliación. Barcelona: Anthropos Editorial.

Notas

1. Autodefensas Unidas de Colombia fue el nombre que adoptó durante los años noventa la unión de fuerzas irregulares antiguerrilleras en Colombia.

2. Las FARC son la guerrilla más antigua del país.