(English translation below)

El Acuerdo de Paz del 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC-EP revivió la esperanza de la reforma agraria en Colombia. En el Acuerdo de Paz, el gobierno se comprometió a distribuir tres millones de hectáreas a personas sin tierra, así como a individuos que viven y trabajan en sus tierras sin títulos de propiedad. La campaña presidencial de Petro-Márquez convirtió la reforma agraria en el centro de su plataforma política, captando la atención del campesinado y las clases terratenientes. En este sentido, la reforma agraria sigue siendo una tarea imperativa y una obligación moral del estado, particularmente para el gobierno de Petro-Márquez, el primer régimen de izquierda en Colombia.

La reforma agraria también será crucial para la reparación de las millones de víctimas de la guerra y para la reconciliación nacional.^[1] Mi argumento es que para comprender las complejidades de la reforma agraria por venir en Colombia, debemos entender el desplazamiento forzado como una estrategia financiera que busca transformar la tierra en sus usos tradicionales (agricultura de subsistencia y orientada al mercado) en un activo financiero que genera ganancias a través de la especulación. Si se implementa de manera efectiva, la reforma agraria podría asegurar el sustento de millones de hogares a través de la producción agrícola. Sin embargo, para lograr una reforma agraria sostenible, el gobierno debe orquestar un proceso que no sólo incluya la redistribución de la tierra, el regreso de los agricultores a la vida rural y el apoyo para un desarrollo agrícola efectivo; sino también dar cuenta de la especulación financiera como estrategia de uso de la tierra en Colombia.

Históricamente, la especulación financiera ha incentivado a las clases adineradas a acumular tierras (Pardo 2022), un proceso que genera ganancias para los propietarios a través de la apreciación del valor de la tierra. La diferencia entre la tierra utilizada para la producción agrícola y la tierra adquirida para la especulación financiera, representa uno de los mayores desafíos para una reforma agraria exitosa. Esto exige una consideración histórica de las dinámicas entre la propiedad de la tierra, el crédito agrícola y el acaparamiento de tierras en Colombia. Aquí hago algunas observaciones desde mi estudio sobre cómo se desarrollaron estas dinámicas en la región caribeña de Montes de María.^[2]

Como expliqué en detalle en otro lugar (Pérez-Rivera 2023), una gran parte de los agricultores desplazados en Montes de María se beneficiaron del crédito agrícola en reformas agrarias anteriores, pero paradójicamente, este crédito también fué para muchos de ellos el instrumento financiero que condujo a la pérdida de sus tierras.

Dado que el crédito agrícola es esencial para la reforma agraria de la administración de Petro-Márquez, el caso de Montes de María ofrece algunas observaciones que podrían prevenir futuros ciclos de (re)despojo de tierras a través de mecanismos financieros. La primera, como se indicó anteriormente en este ensayo, es reconocer que el desplazamiento forzado es ante todo una estrategia financiera, que busca transformar la tierra en un activo financiero. La segunda, el crédito agrícola debe ser parte de un sistema de préstamo protegido, subsidiado y dirigido por el estado para evitar la apropiación de tierras mediante ejecuciones hipotecarias y subastas de tierras. Dicho sistema podría incluir largos períodos de mora, intereses bajos o nulos sobre los pagos atrasados ​​y la devolución de las tierras embargadas a un banco de tierras que beneficiaría a los pequeños agricultores y a las personas sin tierra).

En tercer lugar, es imperativo cambiar la política de impuestos territoriales con respecto a la producción agrícola. Esto significa que los propietarios de tierras ociosas pagarían altos impuestos, lo que haría que la especulación fuera menos rentable. El gobierno de Petro-Márquez está comprando tierras ociosas a terratenientes con cierto éxito (Forero Rueda 2023; Ramírez 2023). Sin embargo, los impuestos sobre la propiedad de la tierra siguen siendo bajos y no logran disuadir a los financistas de la tierra de acumular propiedades rurales.

Una observación final tiene que ver con el perfil crediticio, incluidos los puntajes crediticios, de las personas desplazadas. El gobierno de Petro-Márquez pretende distribuir crédito agrícola a través del Banco Agrario de propiedad estatal (Banco Agrario de Colombia 2023). El Banco Agrario trabajaría en conjunto con otras instituciones financieras para dispersar el crédito agrícola de acuerdo a los términos estipulados por el gobierno. Sin embargo, dichos términos se apegan a las evaluaciones de riesgo crediticio realizadas por las instituciones financieras antes de aprobar los préstamos (Finagro 2023, 81). Es probable que la mayoría de las personas desplazadas que no pagaron los préstamos agrícolas y otros préstamos adquiridos después de la reubicación urbana no pasen una evaluación crediticia. Esta situación nos retrocede a mediados del siglo XX, cuando las personas sin tierra no podían acceder al crédito por falta de propiedad y no tenían propiedad porque no podían acceder al crédito.

Notas

[1] Ocho millones de personas, la mayoría de las cuales eran campesinos, han sido desplazadas en el contexto del prolongado conflicto armado de Colombia.

[2] Para algunos antecedentes, podría ser útil señalar que a lo largo del siglo veinte, varios gobiernos colombianos implementaron tímidamente RA y algunas formas de crédito agrícola subsidiado en todo el país. Durante el mismo período, el siglo veinte, miles de personas sin tierra lograron ser propietarios de tierras a través de una lucha política y establecieron una floreciente economía agrícola en Montes de María. Para 2010, los ejércitos paramilitares habían asegurado el monopolio de unos pocos sobre la tierra (altamente productiva) hasta entonces propiedad de miles de agricultores.

Agrarian Reform in the Age of Finance

The 2016 Peace Accord between the Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) revived the hope for agrarian reform in Colombia. In the Peace Accord, the government committed to distributing three million hectares of land to landless people as well as people living and working on their land without property titles. The Petro-Márquez presidential campaign made agrarian reform central to their political platform, capturing the attention of the peasantry and the landowner classes. In this sense, it remains an imperative task and a moral obligation of the state, particularly for the Petro-Márquez government, the first Left-wing regime in Colombia.

Agrarian reform will be crucial to the reparation of the war’s millions of victims and to national reconciliation.^[1] I argue that to grasp reform’s complexities in Colombia, we must understand forced displacement as a financial strategy that seeks to transform the land from its traditional uses (subsistence and market-oriented agriculture) into a financial asset that generates profits through speculation. If effectively implemented, agrarian reform could secure the livelihoods of millions of households through agricultural production. To achieve the sustainable reform strategy, the government must orchestrate a process that includes land redistribution, facilitating people’s return to agricultural lives and supporting effective agricultural development. Yet, this shift to refocus on agricultural production opposes a dominant use of land in Colombia: financial speculation.

Historically, financial speculation has incentivized well-off individuals to accumulate land (Pardo 2022), a process that generates profit for owners through the appreciation of land value. The difference between land used for agricultural production and land acquired for financial speculation represents one of the biggest challenges for a successful agrarian reform. This begs for a historical consideration of the dynamics among land ownership, agricultural credit, and land grabbing in Colombia. Here I make a few observations from my study of how these dynamics unfolded in the Caribbean region of Montes de María.

As I elaborate in detail elsewhere (Pérez-Rivera 2023), a great deal of the displaced farmers in Montes de María benefited from previous agrarian reform agricultural credit, yet paradoxically, this credit was also for many of them the financial instrument that led to land dispossession.^[2]

Given that agricultural credit is essential to the Petro-Márquez administration’s reform strategy, the case of Montes de María offers some cautionary observations that could prevent future cycles of land (re)dispossession through financial mechanisms. The first one, as stated earlier in this essay, is to recognize that forced displacement is foremost a financial strategy, one that seeks to transform the land into a type of financial asset. This, in turn, begs a second observation: agricultural credit must be part of a state-led, subsidized, and protected loan system to prevent the appropriation of land through foreclosure and land auctions. Such a system could include long moratory periods, low or no interest on missed payments, and the return of foreclosed land to a land bank that would benefit small farmers and landless people.

Third, there is an imperative to change the land tax policy regarding agricultural production. This means that owners of idle land would pay high taxes making land speculation less profitable. The Petro-Márquez government is purchasing idle land from large state owners with some success (Forero Rueda 2023; Ramírez 2023). Yet, taxes on land property continue to be low, failing to deter land financiers from accumulating rural property.

One final observation has to do with the credit profiling—including credit scores—of citizens who have been displaced. The Petro-Márquez government aims to distribute agricultural credit through the state-owned Banco Agrario (Banco Agrario de Colombia 2023). The Banco Agrario would work in conjunction with other financial institutions to disperse agricultural credit according to the terms stipulated by the government. However, such terms still abide by credit risk assessments carried out by financial institutions before approving the loans (Finagro 2023, 81). Most displaced people who defaulted on agricultural loans and other loans acquired after urban relocation are likely to fail a credit assessment. Such a situation brings us back to the mid-1900s when landless people could not access credit for lack of property and had no property because they could not access credit.

Notes

[1] Eight million people, most of whom were peasants, have been displaced in the context of Colombia’s protracted armed conflict.

[2] For some background, it might be helpful to note that through the twentieth century, several Colombian governments timidly implemented agrarian reform and some forms of subsidized agricultural credit across the country. During the same period, the twentieth century, thousands of landless people achieved land ownership through a political struggle and established a flourishing agricultural economy in Montes de María. By 2010, paramilitary armies had secured the monopoly of a few over the (highly productive) land until then owned by thousands of farmers.